Siguen saliendo actualizaciones de las normativas de emisiones de gases para los vehículos. Ahora admiten desde Acea, la asociación europea de fabricantes de automóviles que no se podrán alcanzar las reducciones a las que se comprometieron. Básicamente porque a la vez se han creado nuevas normas que exigen de los fabricantes que hagan los vehículos más pesados, con el incremento en el consumo que esto conlleva.

No cabe duda de que la industria del automóvil se está paseando por el filo de la navaja desde hace años: no hay más que ver la situación de los fabricantes de componentes -los primeros en sufrir la crisis, apretados por los grandes- para comprenderlo. Y no tenemos una solución a la vista: se está inmerso en una guerra de precios y costes, apretando siempre al máximo para rentabilizar una inversión, deslocalizando para tratar de ser más baratos -¿a nadie se le ocurre que se puede conseguir lo mismo siendo más eficiente?- y mientras todo ocurre, los burócratas sacan nuevas leyes, nuevas normativas para la industria… sin tener en cuenta, precisamente, a dicha industria.

Todo esto nos conduce a la gran paradoja. A saber, que mientras los mismos burócratas promulgan normativas que reducen de manera insignificante las emisiones de CO2, estos mismos se quejan de que las grandes empresas de automoción van trasladando sus plantas hacia el este: primero Chequia, Hungría y Polonia hasta llegar a China e India. Mientras protestan porque se cierra una fábrica, incrementan los impuestos que debe pagar un vehículo por emitir gases a la atmósfera.

¿Dónde conduce todo esto? Indudablemente, a una deslocalización de la producción a países con menor coste en impuestos, en mano de obra y menos trabas. Desde allí, terminaremos en Europa por importar todos los vehículos que necesitemos. Eso sí, mientras tanto, de los impuestos de todos seguiremos pagando a los prejubilados.